El viernes pasado, más de 16 millones de marroquíes se habían registrado para votar y estaban de nuevo llamados a las urnas. Esta vez se trataba de participar en las segundas elecciones legislativas convocadas tras la ‘Primavera Árabe’, que también llegó en 2011 a las principales ciudades del país norafricano. Unas elecciones marcadas por una dura campaña en la que destacaron sospechas de ataques terroristas, acusaciones de injerencia palaciega y episodios de relaciones extramaritales.
La principal contienda tenía lugar según los medios por una parte entre los islamistas moderados del PJD (Partido de la Justicia y el Desarrollo), ya en el poder como líder de una coalición gubernamental (se hicieron con el voto urbano en las elecciones del pasado otoño) y, por otra, parte del círculo más cercano al Rey Mohammed VI, liberales adscritos al PAM (Partido de la Autenticidad y de la Modernidad). Los segundos se han centrado en avivar la amenaza islamista y el fantasma de la radicalización. Los primeros han hecho esfuerzos por presentarse como una alternativa anti-establishment dispuesta a acabar con la corrupción y reducir el déficit fiscal. Finalmente, el PJD se ha hecho con 125 escaños (un tercio del Parlamento), con 102 el PAM (55 más que en las elecciones de 2011). Ninguno tiene mayoría y corresponderá por lo tanto al Primer Ministro Abdelillah Benkirane, inaugurar la tortuosa búsqueda de compañeros de coalición, muy probablemente encabezados por el conservador nacionalizara Istiqlal, que abandonó el gobierno por diferencias con los islamistas en 2013.
Evolución del voto 2002 – 2016. Fuente: Medias24
Sin embargo, la verdadera contienda se desarrollaba entre aquellos marroquíes que todavía creen que la democracia puede contribuir a superar el status quo, y aquellos que, o bien se conforman con lo que tienen en la actualidad, o bien han perdido la esperanza de ser testigos de un cambio en el corto plazo y, sobre todo, en el que ellos mismos puedan participar. La ‘Primavera Árabe’ en forma, entre otros, del ‘Movimiento 20 de febrero’ puso en bandeja de plata al Rey y su camarilla la oportunidad de ofrecer cambios en su gran mayoría cosméticos, pero que aún así apaciguaron gran parte de las protestas. Unas protestas que siguen estallando con cierta regularidad, hoy veloz y eficazmente reprimidas por las experimentadas fuerzas de seguridad. Mohammed VI bautizó lo que se denominó ‘tercera vía’: promesa de cambio y progreso democrático, pero desde la estabilidad que sólo una Monarquía garantiza. El ejemplo fue seguido, aunque en diferentes contextos, por Jordania y Arabia Saudí en lo que ha venido a llamarse también ‘excepción monárquica a los levantamientos de 2011’.
El Monarca anunció en su icónico discurso de 2011 que modificaría la Constitución para garantizar el equilibrio de poder, pero en la práctica el Parlamento no ha dejado de ser un órgano subordinado al poder real, al establishment burocrático (muy particularmente al Ministerio del Interior) y a los asesores del Rey, el famoso makhzen. El Rey sigue erigiéndose en decisor último en ámbitos estratégicos como economía, seguridad y asuntos exteriores. Así, los partidos critican las acciones de Palacio, pero nunca osan reprender al Monarca, al cual regularmente reafirman su lealtad. El antiguo Primer Ministro Benkirane ha recurrido en numerosas ocasiones a la treta de no criticar al Rey, pero si lamentar públicamente estar atado de pies y manos a la hora de cambiar ciertas políticas acusando el ‘autoritarismo’ y a la ‘manipulación política’ frecuentes en Marruecos.
El desequilibrio de poder dificulta en gran medida que los votantes puedan determinar quién es responsable de la inexistente o insuficiente aplicación de políticas necesarias para mejorar su situación socioeconómica o, al menos, aliviar la corrupción generalizada. Marruecos se enfrenta a la necesidad de reformas de calado en ámbitos como la educación y la competitividad, no menos acuciantes por ser tabú para sus dirigentes. Esta desconexión explica una abstención cada vez mayor, en esta ocasión de un 57% (55% en 2011), y llamadas al boicot por parte de activistas en torno a iniciativas como ‘Annahj Addemocratie’ (la vía democrática) o de la formación salafista Justicia y Espiritualidad.
Por si esto fuera poco, y a pesar de que los resultados han derivado en comentarios de ‘bipartidismo’ atenuado y ‘politización del voto’, la arena política marroquí sigue caracterizándose por una enorme fragmentación: más de 30 partidos (el umbral de participación es bajo) competían por 395 escaños (90 reservados a mujeres y jóvenes, escogidos proporcionalmente entre las propias listas de todos los partidos). Esta segmentación dificulta el consenso en el seno de partidos (que muchas veces optan por la desintegración) y la formación de alianzas que acaban siendo, como en la actualidad, ‘contranatura’ y extremadamente débiles. Los partidos muchas vecen aceptan renunciar a cierta carga ideológica por un puñado de voto. Una vez las coaliciones han sido creadas, son considerablemente frágiles, como ocurrió en 2013 entre el Istiqlal y el PJD.
La sorpresa y única alternativa que realmente era tal la representaba la FGD (Federación de la Izquierda Democrática), herederos de aquel socialismo que en su momento levantó pasiones en Marruecos (y que hoy sigue viéndose representado en su versión más purista por una USFP (Unión Socialista de Fuerzas Populares) en clara decadencia. Aunaba tres partidos de izquierda no sólo con una agenda ciertamente ideológica en contra del status quo, sino sobre todo sin vínculos demostrables con la corruptela y las redes clientelares. Precisamente por ello se estima que han tenido más éxito en las redes sociales que en los colegios electorales. No es por nada que varios analistas consideran que la ‘tercera vía’ inaugurada por Mohammed VI no es más que un inmovilismo disfrazado de discurso confortador dentro y fuera del país. Una situación que estas elecciones no han hecho sino normalizar.
Este artículo fue publicado en la edición impresa de El Periódico y por Agenda Pública el 10 de octubre de 2016.
Este artículo fue publicado en la edición impresa de El Periódico y por Agenda Pública el 10 de octubre de 2016.
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