La Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (PESC ) fue puesta en marcha como tal por el Tratado de Maastricht de 1992, y en un principio se erigió como segundo pilar de la recién creada Unión Europea. A lo largo de los años, una política puramente intergubernamental que nació de la voluntad de entendimiento entre jefes de Estado, conscientes de la necesidad de crear un interlocutor válido en un mundo cada vez más multipolar, se fue comunitarizando, aunque a marchas forzadas. El último paso en este sentido lo representó la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, liderado por la archiconocida (y también archicriticada) Catherine Ashton. Una PESC respecto de la cual el Parlamento Europeo poco tenía que decir antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Un Parlamento que se ha tomado este papel reforzado muy en serio, y que de hecho ha puesto de relieve el valor añadido que representa la PESC en numerosas ocasiones, apoyando incluso en su momento la creación de un “Ministro de Asuntos Exteriores” de la UE.
El precepto de referencia es en este sentido el artículo 36 del Tratado de la UE (TUE), que obliga al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a consultar periódicamente al Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y las opciones fundamentales de la PESC. El Alto Representante deberá informar al Parlamento de la evolución de dichas políticas, y velará por que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones. Dos veces al año procederá a un debate sobre los progresos realizados. Una de las armas con las que cuenta el Parlamento es su voz y voto en lo que al presupuesto comunitario se refiere, ya que debe aprobar el presupuesto anual de la PESC, así como a los instrumentos financieros de la UE que sustentan las actividades exteriores de la UE .
No es noticia para nadie que conozca de cerca las instituciones europeas que la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (conocida en sus pasillos como “AFET”) es una de las más activas y seguidas, una en la que de hecho España está, según algunos, “sobrerrepresentada” (sobre todo si la comparamos con la Comisión de Desarrollo, cuyas acciones también están enfocadas a influenciar la imagen exterior de la Unión). Esta Comisión, así como su Subcomisión de Seguridad y Defensa), ve apoyada su acción con la labor de las comisiones parlamentarias mixtas y comisiones parlamentarias de cooperación, así como de las delegaciones interparlamentarias, de las delegaciones ad hoc y de las misiones de observación electoral que incidan en el ámbito PESC. Es precisamente a través de estas comisiones y delegaciones que el Parlamento alimenta relaciones con las demás instituciones de la Unión, los Estados miembros, las estructuras de gobernanza global y varios actores no gubernamentales.
A través de estos órganos y de otros instrumentos, en particular de preguntas y recomendaciones, el Parlamento ha conseguido alcanzar en la práctica un grado considerable de cooperación informal con el SEAE, el Presidente del Consejo Europeo (que es en principio el más alto representante de la UE en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, al nivel de los jefes de Estado), la Secretaría del Consejo de la Unión y la Comisión en el ámbito de las relaciones exteriores, así como con los Parlamentos nacionales de los Estados miembros. Aunque en este artículo nos centraremos en lo que se denomina política exterior stricto sensu, no es baladí recordar el importantísimo rol que el Parlamento juega en los ámbitos de comercio internacional y cooperación al desarrollo.
En relación con Irán, y a pesar de las alabanzas que ha recibido la UE por el papel jugado durante las negociaciones nucleares, el Parlamento ha insistido en numerosas ocasiones que la UE está en la obligación de utilizar el diálogo con los nuevos líderes del país como una oportunidad para abrir nuevos caminos, no sólo respecto del expediente nuclear, sino también en el campo de los derechos humanos y de la seguridad regional. Fue hace unas pocas semanas cuando la República Islámica de Irán reaccionó con furia ante una resolución aprobada por el pleno de Estrasburgo que, no por primera vez en su historia condenaba el pobre historial del país de violaciones continuadas y sistemáticas de derechos fundamentales.
En el contexto de la crisis de Ucrania, el Parlamento se posicionó a la vanguardia de la UE, gracias a las numerosas visitas de eurodiputados a la Plaza Maidan de Kiev, que a gritos exigieron la imposición de sanciones y prometiendo apoyo institucional a Ucrania. A lo largo de toda la crisis de Ucrania, el Parlamento aprobó resoluciones a veces incendiarias en comparación con la tibia postura de lideres europeos y nacionales. Pero quizás lo más importante haya sido el papel que ha jugado el Parlamento al suministrar información al electorado ucraniano.
Otras acciones notables del Parlamento en el campo de la política exterior han incluido apoyar el Informe Goldstone que acusaba a Israel de cometer crímenes contra la humanidad en la guerra con Gaza durante el invierno de 2008 a 2009. Es, de hecho, Israel uno de los Estados que con más virulencia ha reaccionado frente a los ataques sin pelos en la lengua del Parlamento, recurriendo no sólo a su habitual dominio de la retórica apuntando al carácter no vinculante de las resoluciones de la Asamblea, sino también a retorsiones como prohibir la entrada de sus miembros a la franja de Gaza en octubre de 2013. También dio el Parlamento Europeo un enorme empujón a las futuras adhesiones a la Unión, al dar su bendición al acuerdo histórico firmado entre Serbia y Kosovo. El Parlamento Europeo ha sido por su parte uno de los actores internacionales más activos a la hora de condenar la situación en el Sahara Occidental. Otros campos de batalla en los que el Parlamento también ha decidió hablar sin tapujos han sido, entre muchos otros: la situación en el Egipto post-revolucionario, las protestas en Venezuela, la ausencia de libertades básicas en China o la delicada situación en numerosos países de Africa.
Es precisamente en el campo de los derechos humanos que el Parlamento Europeo lleva haciendo oír su voz desde hace varios años, gracias a un poderosísimo instrumento como es el Premio Sakharov, creado en 1988 y otorgado a aquellas personas o grupos que luchan contra la intolerancia y la opresión, en pos de los valores fundamentales sobre los que reposa la propia Unión. Al igual que ocurre con el Premio Nobel de la Paz, este galardón despierta a la vez controversias en el viejo continente y reacciones acaloradas por parte de los regímenes que se sienten atacados, como ha sido el caso de Cuba, Bielorrusia o el propio Irán.
Pese a criticas, tanto desde dentro como desde fuera, resulta a estas alturas difícil negar el que el Parlamento Europeo haya ayudado a dar forma a una PESC más coherente y transparente, pero sobre todo para despertar la conciencia ciudadana en lo que a los asuntos mas acuciantes en política exterior se refiere. El efecto más importante de la acción del Parlamento Europeo en la PESC es dotar de la legitimidad democrática (no olvidemos que sus miembros son los únicos elegidos directamente por los ciudadanos de la UE) a las decisiones que afectan a la seguridad y la prosperidad tanto de los ciudadanos de la UE como de todo ser humano. El Parlamento ha demostrado que puede hablar claro, y que puede también exhortar a los Estados miembros y a las instituciones de la UE a actuar cuando éstos remolonean. Un Parlamento Europeo que poco a poco se ha henchido de auctoritas, y ha conseguido demostrar (o quizás tan sólo recordarnos) el alcance que puede llegar a tener el denominado soft power (o poder blando) de la UE.
El artículo fue publicado en Miradas de Internacional el 14 de mayo de 2014.
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